En España se han generado, desde hace tiempo, un debate y una lucha muy agitados acerca de los derechos de autor y la libre distribución de la cultura en la era digital. Hay diferencias muy claras en cuanto a lo que es y lo que debería ser la cultura y el arte y su distribución social en la era tecnológica en la que nos toca vivir. Hay planteamientos muy fuertes y bandos bien diferenciados: por un lado están los que controlan los derechos de difusión de la mayor parte de los contenidos culturales que la sociedad consume y por el otro los consumidores directos de dichos contenidos. Y las diferencias de conceptos son marcadísimas. Se habla de diferencias conceptuales generacionales, de intereses puramente comerciales, de utilizar la excusa de la protección del artista y de la cultura como máscara para, en realidad, proteger intereses conómicos. Se habla de muchas cosas. Y se hacen muchas otras desde ambas partes.

En muchos otros países de Europa y del mundo existe lo que se denomina el ‘canon digital’, algo así como un impuesto a todos los medios que posibilitan la copia de material con algún tipo de derecho de autor. Los artículos sujetos al canon son de lo más variados: desde CDs y DVDs vírgenes pasando por todo tipo de soporte que permita la copia digital de material con copyright, tarjetas de memorias, discos rígidos y hasta escáneres e impresoras. De esta manera se busca compensar por las posibles copias que se pudieran hacer con estos medios de obras protegidas por el derecho de autor, compensando de esta manera el perjuicio que esto generaría a sus autores. El debate está servido desde hace tiempo. Y hay serias dudas de que este tipo de campañas, apoyadas por entidades de gestión colectiva (la RIAA en USA, SGAE en España, SADAIC en Argentina y muchas otras en todo el mundo) busquen verdaderamente proteger al artista y de que los fondos recaudados por estas imposiciones vayan a donde deberían. En Argentina todo llega tarde, pero termina llegando. Hace poco corrieron rumores acerca de la implantación de un impuesto (llamarlo canon es algo mucho más diplomático) similar al europeo en nuestro país.

El concepto de este “canon” es bastante irónico y paradójico en sí: por un lado, se cobra a los usuarios finales de este tipo de medios por el posible perjuicio generado al artista, pero por el otro, se persigue y se trata de sancionar (por lo menos por vías civiles, ya que la copia privada está muy lejos de ser delito) a los que dupliquen contenidos protegidos. Se mete a todo el mundo en la misma bolsa de “piratas” cuando, en realidad, la piratería cultural y la copia provada son cosas claramente distintas.

Cuando todo parece agotarse y los recursos para limitar la distribución de este tipo de contenidos, muy facilitada por la penetración de internet y la forma en la que la sociedad la utiliza, los mercados se tambalean y se recurre a soluciones extremas que atentan contra todo tipo de libertades sociales. Se proyecta y se implementa el monitoreo de las transferencias en internet. Con la excusa de las descargas de contenidos ilegales se controla absolutamente todo. Se escruta, se intimida y se persigue a los usuarios por hacer uso de un servicio por el que pagan. En estas cuestiones, los límites parecen no estar del todo claros. Hay amplios vacíos legales, sobre todo en nuestro país.

La copia privada o, para decirlo en términos más cordiales, el derecho que todos tenemos de copiar y compartir contenidos culturales en forma libre siempre y cuando no haya ánimo de lucro o beneficio económico de por medio, es otro gran debate con posturas muy encontradas. Pero en casi todo el mundo, según diferentes legislaciones y salvando diferencias puntuales, todos tenemos derecho a la copia privada y esta no es una actividad ilegal o ilícita que pueda ser penada por la ley.

Pero una de las muchas ventajas que nos da internet (al ser libre y no estar controlada) es la posibilidad que nos brinda de aunar intereses y formar comunidades que busquen un fin práctico común. Por ejemplo, Exgae (un movimiento que surge en España y que es digno de imitar) busca proteger a la sociedad, a la comunidad de usuarios de internet y al individuo en general ante eventuales intentos de coartar la difusión cultural en pro del beneficio económico.

Y es que, muchas veces, se llega a extremos casi impensados pero que finalmente son avalados por el gobierno de turno (por lobby, desconocimiento, corrupción y demás) y se crean e imponen leyes totalmente autoritarias e irrisorias, que sólo pueden ser razonables para unos pocos beneficiados, pero que estan muy lejos de beneficiar a la mayoría. De un día para otro internet, esta gran herramienta con la que contamos, capaz de cambiar la forma en la que nos comunicamos, interactuamos y pensamos, capaz de transformar la sociedad y los mercados de forma inimaginada hasta hace tan sólo unos pocos años; puede dejar de ser ese territorio libre y autárquico en el que nos movemos.

Hace unos días publicaron una especie de manifiesto en respuesta a otro publicado por la coalición española de entidades de gestión. Sus 7 puntos son los siguientes (las negritas son mías):

1. Considerar cualquier recorte a las redes de intercambio de archivos (redes P2P) como un acto de oscurantismo y un atentado contra los derechos democráticos fundamentales garantizados por nuestra constitución y por innumerables tratados internacionales que el estado español ha ratificado. Nuestros derechos al conocimiento, al aprendizaje, al acceso a la cultura y a la libertad de expresión se verían gravemente socavados si se limitaran las herramientas de las que dispone actualmente la sociedad.
2. Que las entidades de gestión pasen a ser lo que son: entidades privadas que gestionan SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE las “cuentas” de sus socios o sea los derechos de explotación de una parte de los artistas. Que, como toda entidad privada, se permita la libre competencia y que bajo ningún concepto se consienta que entidades privadas hurguen en la privacidad y en los bolsillos de los ciudadanos y menos que se utilicen bienes y suelo público para sus beneficios privados.
3. Que los creadores sean pagados de forma equitativa sean o no socios de entidades de gestión. Que los artistas cobren, si así lo desean, principalmente por su creación y no por la explotación que genera.
4. Abolición inmediata del canon digital, impuesto que sanciona indiscriminadamente la ciudadanía en nombre de la “compensación” a la creación por un delito que no es tal, cuando, en realidad, es recaudado en beneficio de pocas personas privadas que raras veces son creadores y menos de algo que esté relacionado con la Cultura. Pagar por ser sospechoso es propio de las dictaduras.
5. Que una obra pase a ser de Dominio Público en unos plazos beneficiosos para la creación y la sociedad. Permitir que más de una generación viva del trabajo de alguien, es un forma de fomentar el parasitismo y el estancamiento creativo, desactivando la reinversión y más considerando que una medida pensada para favorecer a las personas en realidad beneficia principalmente grandes multinacionales que desvirtúan la creación primigenia. Pedimos el paso al dominio público en un periodo tiempo razonable, dependiendo del tipo de creación, con un máximo de 30 años.
6. Defender el “derecho a cita” como vehículo de crecimiento democrático de la sociedad de la información.
7. Eliminar el concepto de “lucro cesante” en todo lo que concierne a la producción cultural.